US Customs and Border Protection Officers Wear Coronavirus Protection Equipment

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Telemundo Noticias .- La mayoría de oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) reanudarán sus servicios el 4 de junio, tras suspender sus actividades el 18 de marzo como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

USCIS, que procesa las solicitudes de asilo y de ciudadanía, entre otras, indicó en un comunicado que está siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), para proteger a su personal y al público. Así, pese a la reapertura, sus oficinas reducirán el número de citas y entrevistas diarias para respetar el distanciamiento social (seis pies entre personas) y facilitar la desinfección y limpieza de sus instalaciones.

Prevé reprogramar “automáticamente las entrevistas” de solicitud de asilo que fueron canceladas, enviando a los peticionarios un aviso con nueva fecha, hora y lugar. Además, se podrán llevar a cabo por vídeo, con los inmigrantes en una habitación y el funcionario en otra.

El comunicado no alude a las audiencias para solicitantes de asilo bajo el programa conocido como Permanezca en México, cuyas audiencias fueron postergadas el 24 de marzo hasta el 22 de abril, y luego hasta el 1 de junio.

En el caso de quienes aguardan por su ciudadanía, USCIS informó que enviará avisos también para las ceremonias, aunque anticipó que éstas “pueden ser más cortas para limitar la exposición a los asistentes”. Con ese “formato abreviado”, sólo se permitirá que asista el candidato (y quien le ayude si tiene alguna discapacidad)

Habrá desinfectante para las manos en los puntos de entrada, se exigirá el uso de mascarilla (que se podrá retirarse brevemente para confirmar la identidad de la persona o tomar fotografías), y se instalarán marcas en el suelo y barreras físicas para mantener el distanciamiento social.

Cada año USCIS completa el trámite de ciudadanía a entre 620,000 y 780,000 personas.

La reanudación de los trámites migratorios en el interior del país (la llegada de inmigrantes está paralizada casi completamente por un veto presidencial indefinido) se ha visto afectada además esta semana por un dictamen de la Corte Suprema que afecta a aquellos en riesgo de deportación.

Por 7 votos a favor y 2 en contra, los magistrados han decidido que los inmigrantes con condenas penales que teman ser torturados si son deportados puedan impugnar la denegación de sus solicitudes de permanecer en los Estados Unidos en tribunales federales.

Las leyes migratorias establecen que un extranjero condenado por “un delito que implica vileza moral cometido dentro de los cinco años” posteriores a su admisión, y por el cual “se pueda imponer una sentencia de un año o más”, puede ser expulsado de Estados Unidos.

A partir de ahora, durante estos procedimientos de deportación, si los inmigrantes demuestran que pueden ser torturados en el país al que van a ser expulsados, se pueden acoger a la Convención Internacional contra la Tortura.

El fallo, que supone una derrota para la política de mano dura del presidente, Donald Trump, responde al caso conocido como Nasrallah v. Barr.

En 2007, el residente permanente Nidal Khalid Nasrallah se convirtió en residente permanente legal de los Estados Unidos, se declaró culpable de dos delitos graves y fue condenado a un año de prisión. Nasrallah argumentó que sería injusto deportarlo porque se enfrentaría a una persecución religiosa en el Líbano por grupos terroristas musulmanes.

Si un juez de la corte de inmigración ordena su expulsión, negándole la posibilidad de acogerse a la Convención Internacional contra la Tortura, el inmigrante podrá apelar primero ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (que depende del Departamento de Justicia) y luego ante una corte federal.

“Durante el proceso de deportación, un no ciudadano que demuestre una probabilidad de tortura en el país de expulsión tiene derecho a la ayuda de conformidad con la Convención Internacional contra la Tortura y no puede ser trasladado a ese país”, señaló el juez Brett Kavanaugh, designado precisamente por Trump para la Corte Suprema.