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migrant caravan Trump tweeted about arrives in Tijuana, Mexico

Source: The Washington Post / Getty

“Ya no habrá clases o grupos de personas exentos”, dejó claro la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, el martes ante el Senado. “Si cruzas la frontera ilegalmente, quebrantas la ley y tenemos que procesarte”, añadió, admitiendo eso sí que es una cuestión “difícil”. Y lo es porque, con esta política de “tolerancia cero” anunciada el 6 de abril por el fiscal general, Jeff Sessions, los agentes de inmigración entregarán tanto a las mujeres embarazadas como a los padres que intenten cruzar la frontera ilegalmente con sus hijos a la justicia para que sean procesados. En este último caso, supone separarlos de sus niños por un tiempo indeterminado.

Separada de sus hijos tras huir de la MS-13

Silvana Bermúdez, de 33 años, saltó el muro fronterizo junto a sus hijos de 16, 11 y tres años de edad. Su marido había huido antes que ella de El Salvador tras ser amenazado de muerte por la MS-13. Ella le siguió cuando un pandillero apuntó con su pistola a su hijo mayor y disparó: se salvó porque antes había acribillado una pupusería y se había quedado sin balas. “Debe ser tu día de suerte”, le dijo.

La Patrulla Fronteriza los detuvo en Texas: los niños fueron llevados a un centro para menores no acompañados en Phoenix (Arizona). Bermúdez fue juzgada y condenada por una falta leve a cinco días de cárcel. Pero no la dejaron llamar a sus hijos. Una vez cumplida la condena, fue trasladada a un centro de detención en Buffalo (Nueva York). Los menores tardaron seis semanas en reunirse con su padre. Su madre estuvo tres meses sin verlos. Cuando al fin se reunió con ellos, el niño más pequeño ni siquiera quería hablar con ella.

Una estadística engañosa y una falsedad

“No se equivoquen: nos enfrentamos a una crisis”, aseguró Nielsen el martes. La Patrulla Fronteriza interceptó en abril a 50.924 inmigrantes, que se sumaban a los 50.296 del mes anterior. Se trata de un repunte considerable respecto a hace un año, pero sólo porque abril de 2017 registró un mínimo de arrestos (15.766); un año antes, la Patrulla Fronteriza detuvo a 48.502, es decir, tantos como ahora.

El Departamento de Justicia ha enviado a 35 fiscales más a los estados fronterizos para aplicar su política de tolerancia cero, es decir, para procesar, en palabras del fiscal general, a todos aquellos que entren ilegalmente. Pero eso no es cierto: es un mensaje dirigido a los inmigrantes, y así lo indicó Nielsen ante el Senado, asegurando que se difunde en los medios de comunicación de los países de origen (en México y Centroamérica) para disuadir de cruzar ilegalmente en vez de pedir asilo en los puertos de entrada.

En realidad, la directiva que Sessions envió a los fiscales en abril no fue que procesaran a todos los inmigrantes por igual, sino que se centraran en unos casos en particular: los coyotes, y en especial aquellos que intenten cruzar a tres o más indocumentados; los inmigrantes ya condenados por intentarlo en dos o más ocasiones; aquellos con antecedentes penales o vínculos con pandillas criminales; y los que se hicieron pasar por otra persona o agredieron a un oficial.

El mensaje del miedo funciona

¿Por qué lanza entonces este mensaje el Gobierno si no es completamente cierto? Porque cree que funciona. “Si estás intentando meter a escondidas a un niño en el país”, indicó Sessions el lunes, “te procesaremos y te separaremos de tu hijo”.

Es una estrategia que el Departamento de Seguridad Nacional se planteó desde la llegada de Trump a la Casa Blanca para “disuadir” a los inmigrantes y que puso a prueba con un programa piloto entre julio y noviembre de 2017 en el sector fronterizo de El Paso (Texas). Según un informe interno al que tuvo acceso el diario The Washington Post, procesar a los adultos condujo a un descenso del 64% en el número de familias que intentó cruzar ilegalnente. Cuando el programa acabó, volvió a crecer la cifra, añadía el informe.

700 menores apartados de sus padres

La Casa Blanca trata de impulsar en el Congreso una nueva reforma migratoria (el anterior intento fracasó en febrero) que tape los “agujeros” que, en su opinión, permiten la llegada de “torrentes” de indocumentados a la frontera. Entre ellos, la política que obliga a liberar a las familias en centros de detención en un plazo máximo de 20 días, o a los menores no acompañados antes de tres. Según Nielsen, estas medidas están siendo usadas para “burlar” el sistema.

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