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Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han revocado por segunda ocasión este año la protección contra la deportación otorgada a una mexicana, cuyo caso acaparó los titulares nacionales cuando era una estudiante universitaria en el estado de Georgia hace siete años.

Los abogados del gobierno federal dijeron en un documento entregado a la corte el miércoles que las autoridades migratorias habían reevaluado la protección de Jessica Colotl, de 29 años, que le otorga el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), y que habían decidido no renovarlo.

El DACA, creado por el gobierno de Obama en 2012, aplaza la deportación de personas que hayan ingresado al país ilegalmente antes de los 16 años, que hayan estado viviendo en Estados Unidos por varios años y que no hayan cometido ningún crimen desde que llegaron. También les permite trabajar legalmente.

El mes pasado, el presidente Donald Trump anunció la eliminación del programa. Sin embargo, dijo que aquellos cuyas autorizaciones expiraban dentro de los siguientes seis meses, podían solicitar una renovación siempre y cuando lo hicieran antes del 5 de octubre.

El gobierno revocó inicialmente en mayo la protección que el DACA le otorgaba a Colotl. Al siguiente día, un abogado gubernamental presentó una nueva solicitud de una orden de deportación, argumentando el término de la protección proporcionada por el DACA.

Los abogados de la inmigrante argumentaron que las acciones del gobierno fueron ilegales, sin previo aviso, sin el debido proceso y sin una explicación razonable. Impugnaron la decisión ante un tribunal federal en Atlanta.

El juez de distrito Mark Cohen escribió en junio que parecía que el gobierno no había seguido sus propios protocolos cuando revocó la protección de Colotl y le negó la renovación.

Cohen instruyó a las autoridades federales a que reconsideraran la solicitud de renovación de Colotl y ordenó restablecer la protección, junto con el permiso para trabajar en Estados Unidos, mientras se llevaba a cabo dicha reconsideración.

Cohen dijo que su orden seguiría vigente hasta que estuviera satisfecho de que el gobierno ha “seguido todos los procedimientos operativos estándar relevantes” para el procesamiento de la solicitud de Colotl y para la terminación de su estatus de protección.

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