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La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha asegurado este martes que la decisión de acabarcon la Condición de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés) “no fue fácil”, pero “no se puede dejar a las emociones gobernar”. Acto seguido, Sanders colocó la presión sobre el Congreso: “Tenemos confianza en que dará un paso al frente y hará su trabajo”. Minutos después, el senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Richard Durbin comparecían para defender el proyecto de ley bautizado como DREAM Act 2017. En su opinión, la solución para los soñadores pasaría por cesiones por parte de los demócratas para financiar a cambio nuevas medidas de seguridad en la frontera. La única línea roja: el muro defendido por el presidente, Donald Trump.
El término soñadores (dreamers, en inglés) hace referencia precisamente DREAM Act (las siglas corresponden a Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros, en inglés), que se introdujo por primera vez en el Senado en 2001. Durbin, su “padre, abuelo y casi ya bisabuelo”, según su colega Graham, lo ha ido impulsando a lo largo de los últimos 16 años pero sin éxito: a veces lo aprobó el Senado, a veces lo aprobó la Cámara de Representantes, pero nunca los dos a la vez, como requiere la Constitución.
La última vez fue en 2010, cuando el proyecto aprobado por la Cámara de los Representantes pero murió en el Senado; fue entonces cuando Obama aprobó la orden presidencial de DACA. El pasado 20 de julio, tres senadores republicanos (Lindsey Graham, Lisa Murkowski y Jeff Flake) y cinco demócratas (Richard Durbin, Charles Schumer, Catherine Cortez Masto, Dianne Feinstein y Kamala Harris) introdujeron el DREAM Act 2017, que sigue encallado en el Senado. Seis días después, dos congresistas demócratas (Lucille Roybal-Allard y Zoe Lofgren) y dos republicanos (Ileana Ros-Lehtinen y Mike Coffman) presentaron el mismo proyecto en la Cámara de los Representantes.
Este proyecto de ley otorgaría la residencia permanente a aquellos jóvenes llegados a Estados Unidos con menos de 17 años que lleven viviendo aquí de forma continuada durante los cuatro años previos a la aprobación de la ley. Para ello, deben tener el graduado escolar (o estar estudiando en la escuela o la universidad), carecer de antecedentes penales graves (como máximo, una condena de menos de un año, o tres que sumen 90 días), y no ser una amenaza para la seguridad nacional. La residencia se concedería por ocho años y abriría la puerta a la naturalización definitiva.
