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Inmigrantes en un centro de detención de Texas, en una imagen de 2015.

Inmigrantes en un centro de detención de Texas, en una imagen de 2015.

Leonel no suele responder al teléfono en horas de trabajo, pero el pasado 17 de octubre no era un día cualquiera: su hija Cynthia había sido detenida seis días antes por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras cuando cruzaba el río Grande junto a su niño de tres años. Era la etapa final de un viaje de 1.500 millas desde Honduras para reunirse con Leonel en Nueva York. Ahora estaba encerrada sin embargo en un centro de detención de Texas, y tras cuatro días sin saber nada de ellos, este obrero de la construcción estaba ansioso por noticias. Así que cuando notó su teléfono celular vibrar en sus pantalones, se alejó hasta una zona menos ruidosa y respondió a la llamada.

No era Cynthia. No era la Migra. Era Larry.

Así dijo llamarse el hombre, en español, preguntando luego si hablaba con el padre de Cynthia. Le contó que trabajaba con un grupo de abogados, le contó que el Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, en inglés) había realizado un sorteo y seis personas serían liberadas al azar. Le contó que a Cynthia y a su niño le había tocado esta lotería, que serían liberados y podrían coger un avión para reunirse con él y con su mujer Doris en Nueva York.

Pero antes tenía que enviar 1.000 dólares por Western Union para pagar el billete de avión. A Leonel le pareció raro, pero tenía tantas ganas de ver a su hija que envió el dinero, según relata el diario The Guardian.

No ha sido el único. AL menos 11 familias han sido extorsionadas en los últimos cinco meses por personas que les hacían creer que así salvarían a sus seres queridos de la deportación. En total, los pagos superan los 13.500 dólares, según denuncia la organización sin ánimo de lucro Cara Family Detention Project.

Los estafadores tenían información muy detallada de sus víctimas, lo que hacía más creíble el engaño, según explica la organización, que ha denunciado lo ocurrido a ICE. “Alguien está filtrando información”, ha señalado Katy Murdza, coordinadora de la organización, que sospecha de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, o el propio centro de detención. Éste no ha respondido a las preguntas del diario; las dos agencias gubernamentales han negado responsabilidad.

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