Presos políticos en Venezuela sufren condiciones inhumanas
Tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, organismos de derechos humanos han alertado sobre el alarmante deterioro de las condiciones de detención para los presos políticos en el país. El uso prolongado de comandos policiales y militares como centros de reclusión permanente, sumado al hacinamiento, la falta de atención médica y la tortura física y psicológica, configura un patrón sistemático de violaciones de derechos fundamentales.
Según denuncias documentadas por organizaciones nacionales e internacionales, la situación se agrava por el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta realidad afecta directamente a defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política, cuyas libertades fundamentales han sido restringidas bajo un clima de persecución institucionalizada.
Desde hace años, distintas ONG han advertido sobre la criminalización de la disidencia en Venezuela. Sin embargo, las alertas se han intensificado desde mediados de 2024, tras el proceso electoral que dio continuidad al oficialismo. Según informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Estado venezolano ha elevado las restricciones al espacio cívico, acompañado de un incremento en la criminalización de voces críticas.
El comisionado Volker Türk denunció que entre 2024 y 2025 se han registrado múltiples casos de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas. En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, afirmó que estas prácticas configuran un patrón persistente de represión institucionalizada, en el cual las garantías fundamentales son vulneradas de forma sistemática.
El Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) también señaló que más de 70 defensores de derechos humanos han sido detenidos arbitrariamente desde 2024. Estas detenciones ocurren en un contexto de cierres de ONG, limitaciones legales y hostigamiento desde altas esferas del poder político.
Condiciones de reclusión
De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, hasta el 30 de junio de 2025 se contabilizan al menos 940 personas detenidas por razones políticas. De ellas, se desconoce el paradero de unas 50, lo que alimenta denuncias de desapariciones forzadas. Al menos 80 personas permanecen en comandos policiales o militares, pese a que estos centros deberían usarse solo para detención preventiva por un máximo de 48 horas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha calificado estos espacios como “sitios de tortura prolongada”, donde los detenidos permanecen semanas, meses e incluso años sin juicio ni sentencia firme. Estos centros de detención reproducen las condiciones de las cárceles comunes, incluyendo hacinamiento, escasez de agua potable, falta de ventilación, deficiencias en servicios sanitarios y ausencia de atención médica.
Según cifras del informe de Una Ventana a la Libertad, el hacinamiento carcelario alcanzó un 312,5% hasta junio del año pasado, revelando una crisis penitenciaria estructural que también afecta a los detenidos por causas políticas.
Testimonios y casos emblemáticos
La situación no solo queda reflejada en cifras, sino también en historias personales que ponen rostro a la represión. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han denunciado la desaparición de activistas como Eduardo Torres, Naomi Arnaudez, Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejeda y Carlos Julio Rojas. En muchos de estos casos, las detenciones han estado acompañadas de aislamiento prolongado, desaparición forzada y tratos crueles, con impacto directo en la salud física y mental de los detenidos.
De acuerdo con la ONG TalCual, los comandos militares y policiales donde permanecen estos presos se han convertido en centros de reclusión permanente, alejados de las condiciones mínimas exigidas por el derecho internacional. Estas personas, muchas de ellas con liderazgo comunitario o trayectoria en defensa de derechos civiles, han sido acusadas de delitos como terrorismo o incitación al odio por ejercer su derecho a la libre expresión.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y abogada constitucionalista, quien fue detenida sin orden judicial y mantenida incomunicada durante más de dos semanas. Su familia denunció que durante ese tiempo no se les permitió conocer su estado de salud ni la ubicación exacta donde se encontraba.
La respuesta internacional y el impacto en la comunidad latina
Organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han manifestado preocupación por la situación en Venezuela. Pese a las recomendaciones emitidas durante el Examen Periódico Universal, las autoridades venezolanas han demostrado una “falta de voluntad para acatar el derecho internacional”, según el ISHR.
Estas denuncias no solo afectan a los ciudadanos venezolanos dentro del país, sino también tienen repercusión directa en la diáspora. En ciudades como Indianápolis, Miami, Houston, Nueva York y Atlanta, miles de migrantes venezolanos viven con la incertidumbre de no poder comunicarse con familiares detenidos, mientras buscan estabilidad migratoria o asilo en Estados Unidos.
El cierre del espacio cívico y el aumento de la represión comprometen incluso el trabajo de ONG que brindan apoyo a migrantes desde el extranjero, muchas de las cuales han tenido que cesar sus operaciones o reubicar a sus líderes debido a amenazas del gobierno venezolano.
Asimismo, el endurecimiento del discurso oficial ha dificultado los trámites consulares, el acceso a documentos de identidad y la posibilidad de voto en el exterior. Esto afecta directamente a los derechos civiles de la comunidad venezolana en EE. UU., donde más de 545 mil personas han solicitado el Estatus de Protección Temporal (TPS), según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Una crisis de derechos en desarrollo
La situación de los presos políticos en Venezuela tras las elecciones de 2024 representa una de las crisis de derechos humanos más graves del hemisferio occidental. Las denuncias de detención arbitraria, desapariciones forzadas, tortura y criminalización de la disidencia no solo vulneran los principios del derecho internacional, sino que consolidan un modelo de persecución sistemática.
A pesar de los pronunciamientos de organismos multilaterales y organizaciones civiles, la falta de respuesta del Estado venezolano ha profundizado la crisis. La comunidad internacional continúa monitoreando de cerca la situación, aunque con limitadas herramientas para incidir directamente en el terreno.
Mientras tanto, familiares de detenidos, organizaciones defensoras y comunidades migrantes en el exterior siguen exigiendo justicia, visibilidad y respeto por los derechos fundamentales. La comunidad latina, especialmente en Estados Unidos, ha asumido un rol clave en visibilizar estas violaciones y en presionar por respuestas diplomáticas y políticas que puedan generar cambios estructurales.
Ysabel Chópite
