Demandan a Trump por entregar datos de Medicaid a migración
Un grupo de 20 estados liderados por California presentó una demanda federal el martes 1 de julio de 2025 contra la administración del expresidente Donald Trump. Acusan que la entrega de datos privados de Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e ICE viola leyes federales de privacidad, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA). A continuación los detalles:
¿Qué datos se entregaron?
- Archivos con información personal sensible de millones de beneficiarios: nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y detalles de reclamaciones médicas
- Incluye a inscritos en California, Illinois, Washington y Washington D.C., donde personas indocumentadas pueden acceder a Medicaid con fondos estatales
- La entrega fue autorizada por asesores del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en junio pasado
Fundamentos de la demanda
- Los fiscales generales, encabezados por Rob Bonta (California), afirman que la acción viola leyes como HIPAA, el Privacy Act, la Ley de Seguridad de la Información Federal y la Ley del Seguro Social
- Sostienen que la confidencialidad se quebrantó al compartir datos para fines de inmigración, no relacionados con salud o prevención de fraudes Medicaid
- La fuga de información obstaculiza el acceso a la atención médica al generar temor entre pacientes, especialmente migrantes
Argumentos de la administración
- Desde HHS, se defendió que la acción fue parte de controles para garantizar que solo personas “legalmente elegibles” recibieran beneficios
- Sin embargo, los estados señalan que programas como Emergency Medicaid abarcan a indocumentados y son legalmente válidos
- Documentos internos muestran que CMS planteó objeciones legales y formales a la entrega, alegando violaciones legales
Estados demandantes y contexto político
- Los 20 estados incluyen: California, Illinois, Washington, Connecticut, Colorado, Arizona, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Michigan, Minnesota, Oregon, Rhode Island, Vermont, Delaware, Hawái, Maryland, Maine, Nevada y Nueva México
- Esta acción judicial es parte de una ola de litigios de estados opositores a varias actuaciones de la administración Trump, especialmente en vías migratorias y recortes federales
Impacto en migrantes y comunidades vulnerables
- La filtración atenta contra la confianza en el sistema de salud pública, y podría provocar que personas, incluidas embarazadas y niños, eviten atención médica por temor a implicaciones migratorias .
- En California, hay más de 1.6 millones de inmigrantes indocumentados en Medi-Cal; en Washington, unos 49.000 cuentan con cobertura estatal
- La demanda busca impedir nuevos envíos de datos y la eliminación o devolución de lo ya entregado
Repercusiones financieras para los estados
- Estados podrían enfrentar un aumento en el gasto público por la disminución en la participación de Medicaid y aumento de atención de emergencia no cubierta .
- Esperan que el tribunal emita una orden que bloquee futuras transferencias y requiera destrucción de datos compartidos
Próximos pasos en tribunales
- La demanda se presentó en un tribunal federal en el norte de California y exige una moción urgente para detener el uso de los datos en temas migratorios
- Se prevé argumentaciones defensivas que incluyan justificaciones de “uso legal” y defensa de prerrogativas federales.
Contexto legal previo
- En mayo, se bloqueó el envío de datos del IRS a ICE, tras otra demanda similar
- Este caso reafirma el conflicto entre estados que protegen derechos de inmigrantes y administración buscando control migratorio
La demanda representa un choque de políticas: por un lado, el Gobierno federal pretende usar información sensible para apoyar acciones migratorias. Por el otro, los estados alegan que se violan leyes de privacidad y se genera desconfianza entre poblaciones vulnerables.
El resultado del litigio tendrá implicaciones en protección de datos, salud pública y control migratorio, y será clave para definir hasta qué punto la sanidad pública puede ser vinculada al estatus migratorio sin afectar derechos constitucionales.
