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President Trump Delivers Remarks On US-Cuba Relations In Miami

Source: Joe Raedle / Getty

 

“La lucha ahora es para proteger a nuestras familias”, afirma César Vargas. Es un soñador, como se denomina a los beneficiarios del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), pero no uno cualquiera: fue el primero en conseguir su licencia de abogado, en Nueva York.

Durante la campaña electoral, el ahora presidente, Donald Trump, prometió acabar con DACA, abriendo la vía a la deportación de cientos de miles de personas. Ayer, sin embargo, el Departamento de Seguridad Interna anunció que el programa continúa, lo que ha sido interpretado como una enorme victoria por los activistas de los derechos de los inmigrantes.

Sí se eliminará DAPA (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents), que debía proteger de la deportación a los inmigrantes irregulares con hijos estadounidenses. Sin embargo, este programa nunca llegó a entrar en vigor por decisión judicial, así que el impacto de su anulación es menor.

En conversación telefónica, Vargas ha señalado sin embargo la importancia de defender a los padres y madres de los soñadores, y ha asegurado además que la Administración Trump está siendo inmisericorde con aquellos beneficiarios de DACA que cometen cualquier falta o delito, por poco grave que pueda parecer.

La organización American Civil Liberties Union ha celebrado en Twitter “esta victoria”, en referencia a la permanencia de DAPA, que en su opinión es resultado del esfuerzo “de todos los soñadores que dieron la cara con valentía y dejaran que se escuchara su voz”.

El director de la organización en Florida, Howard Simon, ha señalado a Noticias Telemundo que “la amenaza a los derechos de los soñadores sigue vigente”. Ha puesto como ejemplo el caso de Jessica Colotl, “a la que recientemente se le revocó DACA sin razón alguna”; su organización llevó el asunto a los tribunales, y la justicia determinó que no había motivo alguno para deportarla, según ha explicado Simon. “En lo referido a inmigración, la única certeza en la América de Trump es la falta de certezas”, ha añadido. En su opinión, “no hay que dejarse distraer con el tira y afloja respecto a DACA porque la maquinaria de deportación masiva funciona a pleno rendimiento”.

Por su parte, Greisa Martinez, beneficiaria de DACA y directora en la organización United We Dream, coincidió en que “no se detendrán hasta lograr defender también a sus padres”. Además, también recordó que DACA “es vulnerable” porque “los agentes de Trump han deportado” a algunos beneficiarios.

¿Qué pasa ahora con los soñadores?

Todo sigue igual para ellos, tanto lo bueno como lo malo: el memorándum aprobado por Obama en junio de 2012 continúa en vigor, de acuerdo con el comunicado hecho público el jueves por el Departamento de Seguridad Interna.

Los soñadores son aquellos ciudadanos extranjeros que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad, y que tenían menos de 31 años el 15 de junio de 2012, cuando se aprobó el memorándum. Pese a vivir de forma continuada en el país, son considerados inmigrantes irregulares.

Gracias a DACA, si tienen el graduado escolar, no han cometido ningún delito, y no suponen un peligro para la seguridad nacional (lo que implica, por ejemplo, no pertenecer a pandillas), están blindados contra la deportación y además pueden obtener un permiso de trabajo por dos años renovable. Cerca de 800.000 personas se benefician de este programa.

En noviembre de 2014, Obama anunció una expansión de DACA eliminando el límite de 31 años de edad y ampliando el permiso de trabajo a tres años. Eso añadiría otros 30.000 posibles beneficiarios. Sin embargo, Texas y otros 25 estados llevaron la ampliación de DACA ante la justicia en diciembre de 2014, y una corte federal lo anuló al considerar que Obama no tenía competencias para aprobar este programa. Hace un año, la Corte Suprema examinó esta sentencia, pero un empate técnico (4-4) evitó que la revirtiera.

Para los beneficiarios de DACA, esa decisión judicial sólo supuso que sus permisos de trabajo sean de dos años renovables, en vez de tres (cada vez que se tramita, deben pagar casi 500 dólares). El anuncio realizado el jueves por el Departamento de Seguridad Interna no les afecta en modo alguno.

Cómo explica Cesar Vargas, los beneficiarios de DACA “no se verán afectados, están seguros”. Sin embargo, siguen siendo inmigrantes irregulares a todos los efectos, lo que deja al albur de los estados permitirles, por ejemplo, acceder a licencias profesionales para convertirse en abogados, etcétera. Vargas fue el primer soñador en conseguir su licencia de abogado en Nueva York, pero admite que eso no sería posible en muchos estados, y explica además que en cualquier momento Trump puede firmar una orden ejecutiva que rescinda su licencia o que lleve a los tribunales la cuestión.

Protesta en febrero en Seattle contra la detención del 'soñador' Daniel Ramírez.

Foto: Protesta en febrero en Seattle contra la detención del ‘soñador’ Daniel Ramírez.

¿Puede ser deportados los soñadores?

Durante estos meses, el Departamento de Justicia ha seguido aprobando peticiones para beneficiarse del programa DACA, aunque las peticiones han disminuido: entre enero y marzo hubo 10.362 aplicaciones, 4.932 menos que entre octubre y diciembre del año pasado.

Al mismo tiempo, se han incrementado las deportaciones de soñadores que perdieron su protección por actividades criminales o condenas judiciales: según el diario Los Angeles Times, entre el 20 de enero y el 25 de marzo se produjeron 43, frente a las 365 de los últimos cuatro años con Obama en la Casa Blanca.

“Estamos viendo es que la Administración Trump esta investigando más a las personas que violan los requisitos de DACA”, explica Cesar Vargas. “Si una persona ha cometido un delito aunque sea menor, eso va a dar una razón para eliminar su protección y deportarlo”, añade Vargas.

¿Qué pasará con los inmigrantes con hijos estadounidenses?

En noviembre de 2014, Obama anunció el programa DAPA, que blindaba contra la deportación a aquellos inmigrantes irregulares sin antecedentes legales que estuvieran viviendo en el país desde 2010 y tuvieran hijos estadounidenses o con permiso de residencia. Además, les permitía obtener un permiso de trabajo de tres años de duración renovable. Este programa también fue bloqueado por la misma decisión judicial que afectaba a la ampliación de DACA.

Hasta 10 millones de personas podrían haberse beneficiado de DAPA, pero el hecho es que nunca llegó a ponerse en marcha porque fue bloqueado antes de que hubiera oportunidad para ello. El Departamento de Seguridad Interna anunció el jueves la cancelación de DAPA por “diversos factores”, entre ellos el revés judicial, las nuevas prioridades de la Administración Trump en materia de inmigración, y el hecho de que el programa nunca hubiera entrado en vigor.

Este último detalle es fundamental para entender la decisión anunciada ayer: cancelar DACA hubiera abierto la vía para la deportación de millones de jóvenes que, de hecho, son tan estadounidenses como cualquier otro ciudadanos con papeles, provocando una enorme conmoción nacional. Sin embargo, anular DAPA no tiene ningún efecto real más allá de acabar con la esperanza de millones de inmigrantes de poder regularizar su situación y evitar así ser deportados; sus hijos tendrían derecho a quedarse en el país, pero o bien perderían a sus padres, o bien tendrían que acompañarlos y perderían entonces su país.

“La lucha ahora es para proteger a nuestras familias”, explica Cesar Vargas.

“La Administración Trump nos ha advertido que todos los inmigrantes irregulares deben estar preocupados. Aunque tengamos DACA, no vamos a abandonar a nuestras familias, vamos a seguir peleando en las cortes y en las calles, la lucha no va a acabar”, ha añadido Vargas.

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