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Cinderella Castle, Magic Kingdom, Disneyworld, Orlando, Florida, USA

Source: Paul Thompson / Getty

A mes y medio de que el gobierno Trump decida si extiende o no los beneficios migratorios de 50,000 refugiados procedentes de Haití, las alarmas se prenden para todos sus empleadores.

El primer damnificado de que no se extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados  de Haití sería el gigante de los parques temáticos en la Florida. Disney cuenta con más de 500 trabajadores, entre meseros, vendedores, actores y personal de mantenimiento, proveniente de este país.

Por esta razón el sindicato de Disney sigue pidiendo con vehemencia para que su CEO Bog Iger, consejero de Trump en asuntos comerciales, interceda por ellos para que se les extienda su permiso de vivir y trabajar legalmente en EEUU.

El grupo de trabajadores de Disney forma parte de los 50,000 refugiados de la isla que llegaron a EEUU después del brutal terremoto que asoló ese país en 2010.

En ese entonces el presidente Barack Obama concedió a los nacionales haitianos el estatus de protección temporal (TPS). Este beneficio ha sido ampliado en varias ocasiones debido a las repetidas catástrofes como los brotes de cólera y los daños causados ​​por el huracán Mateo en 2016.

Sin embargo el estado de protección de estos refugiados está programado para vencer en julio. En una carta filtrada a los medios de comunicación se conoció de la intención del presidente Donald Trump de no extender el beneficio migratorio, lo que significaría la deportación de los 50,000 refugiados de Haití.

El temor creció aun más esta semana cuando se conoció que el gobierno Trump está en la tarea de recopilar el mayor número de crímenes cometidos por dicho grupo de refugiados con el fin de justificar la no extensión del beneficio migratorio.

Las investigaciones sobre los antecedentes penales de la comunidad haitiana se conocieron luego de unos correos electrónicos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), según reportó The Associated Press.

En estos se puso al descubierto la intención de conocer cuántos de los aproximadamente 50,000 haitianos inscritos en el programa de Estatus de Protección Temporal han tomado ventaja de  beneficios públicos, así como del número de crímenes que hayan cometido.

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