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Source: CAITLIN O’HARA / Getty

California ha puesto en cuestión el envío de 400 efectivos de su Guardia Nacional a la frontera mexicana, tal y como se había comprometido a hacer el gobernador, Jerry Brown, la semana pasada, al considerar que sus tareas, de acuerdo con los planes del Gobierno presidido por Donald Trump, están demasiado vinculadas al combate de la inmigración ilegal.

Las autoridades californianas han dejado claro que sus efectivos no operarán radios o cámaras de vigilancia remota, repararán vehículos, o llevaran a cabo ninguna otra misión de apoyo que pueda relacionarse con la vigilancia fronteriza.

Tras difundir a través de la red social Twitter que caravanas de inmigrantes se dirigían a Estados Unidos y que existía el riesgo de que un torrente sin precedente de indocumentados se colara de forma ilegal, dos afirmaciones que incluso los datos oficiales parecen poner en duda, Trump anunció hace dos semanas el envío de 2.000 a 4.000 efectivos de la Guardia Nacional a proteger la frontera.

Para ello, negoció el despliegue con los gobernadores de los estados fronterizos: Arizona acordó enviar 338 efectivos; Nuevo México, 250; Texas, 1.400; y California, el único en manos demócratas, 400. “El gobernador de California Jerry Brown está haciendo lo correcto y enviando a la Guardia Nacional a la frontera. Muchas gracia Jerry, un buen paso para la seguridad de nuestro País”, se lo agradeció el 12 de abril Trump.

Brown justificó su decisión afirmando que los militares ayudarían a combatir la las pandillas criminales y el tráfico ilegal de drogas y armas de fuego. Prohibió en cualquier caso forma explícita que se dedicaran a labores de vigilancia migratoria.