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La campaña contra las “ciudades santuario” prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desencadenado acciones contrapuestas en los estados del país en función del partido que los gobierna, dejando al descubierto la profunda división nacional en materia de inmigración.

Así, algunos estados maniobraron para aplicar su orden, mientras que otros se desmarcaban del gobierno federal para proteger a los migrantes que viven en el país sin permiso de residencia. El concepto de “santuario” alude a medidas de las administraciones locales para resistirse a la persecución de migrantes en situación irregular.

California, el estado más grande del país, quiere establecer medidas a nivel estatal que prohibirían a las fuerzas de seguridad cooperar con las autoridades federales de inmigración.

Otro estado fronterizo, Texas, ha anunciado que retendrá fondos a las “ciudades santuario”.

Las recientes órdenes ejecutivas de Trump, que amenazan con retener financiamiento federal a las poblaciones que tengan estas medidas de protección y contemplan la construcción de un muro fronterizo, han provocado protestas generalizadas y despertado el temor a más restricciones migratorias en el futuro. Los partidarios del presidente han celebrado las medidas.

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