Scott Olson
Telemundo Noticias .- Solo dos días después de que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo la primera ejecución federal en 17 años, tras varios reveses judiciales, la Corte Suprema ha dado luz verde este jueves para llevar a cabo una segunda ejecución esta semana.
Tras una reñida votación de 5-4, la ejecución seguirá adelante. Quienes se oponen a ella, alegan dudas respecto a la condición mental del condenado Wesley Ira Purkey, de 68 años.
“Proceder con la ejecución de Purkey ahora, pese de las grandes interrogantes y los hechos relativos a su capacidad mental, arroja un velo de duda constitucional sobre la más irrevocable de las lesiones”, escribió la jueza Sonia Sotomayor. A ella se unieron sus colegas liberales Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Elena Kagan.
Los abogados del Gobierno aseguraron que no había ningún obstáculo para llevar a cabo la ejecución este mismo jueves si la Corte Suprema levantaba los obstáculos judiciales. Y la Corte los ha levantado.
El tema de su salud mental surgió previo a su juicio, en 2003. Tras el veredicto, los jurados tuvieron que decidir si debía ser ejecutado por el asesinato de Jennifer Long, en Kansas City, Missouri.
Los fiscales dijeron que la violó, la apuñaló, la desmembró con una motosierra, la quemó y arrojó sus cenizas a 200 millas (320 kilómetros).
Este viernes está programada también la ejecución de Dustin Lee Honken. En agosto, está previsto que un cuarto hombre, Keith Dwayne Nelson, sea ejecutado.
Con estas ejecuciones, Estados Unidos retoma este castigo después de que la administración Trump pusiera fin hace casi un año a una moratoria informal decretada en el país en el año 2003. La pena de muerte federal se había reinstaurado en 1988, pero solo se ha aplicado en tres ocasiones.
Manifestantes contrarios a la pena de muerte comenzaron a reunirse en Terre Haute el lunes. Uno de los organizadores, Abraham Bonowitz, manejó una camioneta por la ciudad con un letrero estampado en el costado de un remolque que decía: “¡Alto a las ejecuciones!”
Debido la pandemia, Bonowitz aclaró que su organización, Death Penalty Action, no estaba alentando a otros a presentarse a protestar. No se esperaba que más de una docena de manifestantes se unieran a él. “Es simbólico”, dijo Bonowitz sobre las protestas. “Estamos aquí para decir que esto está mal”, agregó.
El sistema penitenciario federal ha luchado en los últimos meses para contener la propagación del coronavirus tras las rejas. Actualmente hay cuatro casos confirmados entre los reclusos de la prisión de Terre Haute, según las estadísticas federales, y un recluso allí ha muerto.
En las últimas décadas las ejecuciones federales han sido esporádicas y el gobierno ha ejecutado solo a tres acusados desde que restableció la pena de muerte federal en 1988. La última fue en 2003, cuando Louis Jones fue ejecutado por el secuestro, violación y asesinato de una joven soldado en 1995.
En 2014, tras una ejecución fallida en Oklahoma, el presidente Barack Obama ordenó al Departamento de Justicia que llevara a cabo una revisión de la pena capital y las inyecciones letales.
El fiscal general confirmó el julio pasado que la revisión de la era de Obama se había completado, dando vía libre para reanudar las ejecuciones.
