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Janine Paul using a food stamps debit card at Albertson's in Simi Valley. The card replaces the pack

Source: Ricardo DeAratanha / Getty

La propuesta del presidente Donald Trump de ampliar la definición de carga pública provoca temor y confusión entre las familias inmigrantes, que lo ven como una nueva amenaza de deportación. Entre ellas se encuentra Elsa, una uruguaya que tiene dos hijos ciudadanos, uno de ellos discapacitado, que reciben atención médica a través del programa Medicaid, además de ayuda para la alimentación. EE.UU. ha usado este concepto de “carga pública” desde 1882 para negar el ingreso al país de ciertos inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió una propuesta, que aún no ha entrado en vigor, que de ser aprobada dificultará a los inmigrantes la obtención de la residencia permanente (“green card”) si se benefician de cupones de alimentos, atención médica gratuita o ayuda en efectivo, pues serían vistos una “carga pública” para el estado.

“Siento terror de perder los beneficios, pero también de que un día se aparezca inmigración en mi casa”, cuenta Elsa, que es indocumentada y podría tener que rechazar la ayuda gubernamental que necesitan sus hijos si en algún momento intenta regularizar su estatus. Pero este es el mismo miedo lo sienten muchos inmigrantes con los papeles en regla.

La primera reacción de los inmigrantes con hijos ciudadanos ha sido renunciar a los beneficios casi en masa, poniendo en riesgo la atención médica y la alimentación de esos niños que, en su mayoría, viven por debajo de la línea de pobreza y necesitan ayuda.

Un estudio realizado por el Centro Médico de Boston señala que 35.000 madres que recibían cupones de alimentos a través del programa federal SNAP se dieron de baja recientemente y la cifra aumenta. Esta fuga se produce no porque haya habido cambios en las reglas de elegibilidad sino por el temor existente entre las familias sobre las potenciales repercusiones de esa ayuda en sus futuros planes de legalizar su situación migratoria.

La mayoría de los usuarios de cupones de alimentos son ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños y ancianos. Unos 9 millones de usuarios son inmigrantes legales o niños ciudadanos con padres nacidos fuera del país. Estimaciones del DHS anticipan que el 2,5 % de los inmigrantes que viven en los EE.UU, más de 500.000 personas, podrían borrarse de programas públicos debido al cambio propuesto.

Otros cálculos van más allá, y según la Fundación Kaiser para las Familias, podría registrarse una baja del 25 % entre los niños que reciben atención médica a través de Medicaid. “La gente tiene miedo y trata de desvincularse de cualquier servicio público”, dice Dagmara López, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

La mitad de las 130 organizaciones que integran la coalición ayuda a familias inmigrantes a obtener recursos, y todas han informado sobre una retracción en las solicitudes de cupones de alimentos, al igual que subsidios para medicamentos de receta, vivienda pública y ayuda para pagar la renta. El mismo impacto lo han sentido los bancos de alimentos de 18 estados, entre ellos California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois.

En opinión de López, gran parte de la confusión se debería a la mala información que circula entre las diferentes comunidades de inmigrantes, donde se ha llegado a afirmar que el Gobierno estaría listo para negar la residencia a quienes soliciten beneficios. “Esto es equivocado, solamente hay una propuesta para cambiar la regla”, afirmó.

Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de 50 organizaciones de inmigrantes que representan a 150.000 familias, explica que las nuevas reglas serían un nuevo “ataque a los pobres” de Trump, al intentar “clavar una cuña” entre la gente de bajos recursos.

Destaca que la pérdida de beneficios podría penalizar además a personas con discapacidades o enfermedades crónicas, o que no tengan un buen dominio del inglés, y daría al Gobierno la potestad de negar el ingreso de inmigrantes con niveles limitados de ingreso y educación.

“Estados Unidos está muy por detrás de las demás naciones industrializadas en asegurar un mínimo de bienestar a sus residentes, pero en lugar de tratar de resolver este problema insiste con destrozar familias en nombre de una dudosa seguridad”, critica

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