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Street Amidst Illuminated City Against Sky At Night

Source: Kuharong Busalae / EyeEm / Getty

La Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han adquirido cámaras de vigilancia y las han escondido en farolas, según desvela la web informativa Quartz a partir de información oficial de contratos gubernamentales.

La DEA ha invertido 22.000 dólares y ICE otros 28.000 dólares en equipos de grabación adquiridos desde el pasado mes de junio a la empresa tejana Cowboy Streetlight Concealments. Los fondos provienen de la oficinas de ICE en Dallas, Houston y San Antonio (Texas), y la oficina de la DEA en Lorton (Virginia), pero se desconoce dónde han sido instaladas las cámaras, y si ya están activas.

La portavoz y co-propietaria de la empresa, Christie Crawford, ha admitido que se dedica a esconder cámaras en objetos (farolas, etcétera) que fabrican a petición del Gobierno: “Ellos especifican que es lo que mejor les viene, y nosotros lo hacemos, eso es todo lo que probablemente pueda decir”, ha indicado a Quartz.

“Pero puedo decirle esto: las cosas están vigiladas siempre, no importa si está conduciendo por una calle o si va a visitar a un amigo, si el Gobierno o la policía tiene un motivo para instalar vigilancia, hay tecnología estupenda ahí fuera para hacerlo”, ha añadido Crawford.

La DEA ha instalado además cámaras de vigilancia en conos como los que se usan para señalizar obras en las carreteras, y aparatos para leer matrículas dentro de las señales que indican automáticamente la velocidad en las autopistas, según la cita de web.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), no es la primera vez que las fuerzas del orden proponen instalar cámaras en las farolas: “Es básicamente la capacidad para convertir cada farola en un aparato de vigilancia, lo que es bastante orwelliano”, aseguró el activista Chad Marlow, en referencia a la novela 1984 de George Orwell, en la que el Gobierno vigilaba cada movimiento de los ciudadanos.

“En la mayoría de jurisdicciones”, añadió Marlow, “la policía local o el Departamento de Obras Públicas está autorizado para tomar esas decisiones unilateralmente y en secreto, no hay debate público o supervisión”.