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Source: MANDEL NGAN / Getty

La administración Trump, en un escrito remitido a la corte este jueves,  ha informado de que 528 menores aún siguen separados de sus padres, 23 de ellos menores de cinco años. La semana anterior el Gobierno federal apuntó que tenía 565 menores bajo su cuidado del total de 2,654 separados de sus padres en la frontera, los cuales están en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) de EEUU.

Los abogados del Gobierno manifiestan que 139 padres, muchos de ellos fuera del país, han renunciado a su derecho de ser reunificados con sus hijos, todos ellos mayores de cinco años.

 

El Gobierno también ha dicho que tienen el contacto de 343 indocumentados, hasta el momento el total de padres deportados que aún están sin sus hijos, y que de esa cifra se han identificado seis casos de riesgo para el menor, debido entre otras razones a antecedentes del progenitor o dudas sobre el parentesco. El Gobierno no ha revelado si ya ha procedido a las reunificaciones de estos casos.

 

Mientras, algunas asociaciones dicen haber detectado casos de progenitores “forzados” a aceptar su salida. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que demandó a la administración del presidente Donald Trump por la separación de familias en la frontera sur, afirma que han detectado casos de padres que se apresuraron a tomar decisiones que los alejó de su derecho de solicitar asilo político.

 

“Estos incidentes incluye padres a quienes se les dijo que necesitaban aceptar su deportación y no buscar asilo político para ser reunificados con sus hijos, y padres a los que se les pidió firmar documentos que no entendían y en idiomas que no hablan, que hizo que renunciaran a su derecho”, señaló Lee Gelernt, abogado de ACLU.

 

Por este motivo,  ACLU ha solicitado con anterioridad que se permita el regreso a Estados Unidos de algunos padres o madres que supuestamente aceptaron su deportación para no demorar o evitar la reunificación con sus hijos, a fin de pelear una petición de asilo.

 

El magistrado Dana Sabraw, que ve la demanda y ordenó en junio al Gobierno que procediera a reunir a las familias separadas como resultado de su política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, pidió en una audiencia la semana pasada que ambas partes se pongan de acuerdo sobre el sitio de reunificación, si bien apuntó que lo más fácil sería hacerlo en el país donde están los padres.

 

Por su parte, ACLU señala en el documento que con ayuda de asociaciones en países centroamericanos han logrado comunicarse con 231 padres deportados, de los cuales 183 han expresado su deseo de reunificación, mientras que 23 aún lo están evaluando.

 

Esta organización apunta que hasta la fecha se han concretado 10 reunificaciones de familias indocumentadas en sus países de origen, mientras que otras 15 se han declarado listas para lo mismo, ante lo cual un “comité” compuesto por asociaciones civiles se encuentra asistiendo con la documentación. El Gobierno ha dicho este jueves que presentarán sus propias cifras de traslados de menores a los países donde se encuentran sus padres “cuando dicho proceso esté en marcha”.

 

De acuerdo con el reporte de este jueves, se estima que el 95 % de los padres deportados se encuentran en Honduras y Guatemala, y el resto en El Salvador y México.

 

Ambas partes regresarán este viernes a la corte, donde se espera que entre otras cosas discutan si algunas reunificaciones se pueden concretar en Estados Unidos, una propuesta que no es bien vista por el Gobierno.

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