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El Gobierno que preside Donald Trump anunciará este lunes una nueva política para frenar la llegada de inmigrantes en la frontera que implica procesar a todos aquellos que intenten penetrar ilegalmente en Estados Unidos tanto si lo hacen solos como si vienen acompañados por sus hijos. Eso supone separar a las familias, deteniendo a los padres y llevando a sus hijos a un centro para menores, de acuerdo con una fuente anónima del Departamento de Seguridad Nacional citada por diario Los Angeles Times.
El fiscal general, Jeff Sessions, hará un anuncio esta tarde en San Diego (California) junto al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), Thomas Homan.
En la actualidad, los agentes migratorios tratan de mantener a las familias juntas, en la medida de los posible, enviándoles al mismo centro de detención. A partir de ahora, según la citada fuente, aquellos que lleguen a la frontera y soliciten asilo podrán permanecer unidos, pero las familias que traten de entrar ilegalmente y sean capturadas serán separadas de esta manera.
El Departamento de Justicia anunció el 2 de mayo el envío de 18 jueces de inmigración adicionales a la frontera para aliviar el atasco de casos pendientes de asilo, pero también la creación de 35 nuevos puestos de fiscal en los cuatro estados fronterizos (Texas, Arizona, Nuevo México y California) para acelerar el procesamiento de aquellos indocumentados que entren ilegalmente al país.
“Si entras en Estados Unidos de forma ilegal, déjame ser claro, has roto la ley”, afirmó Kirstjen Nielsen el 23 de abril en un comunicado referido a la caravana de inmigrantes que entonces se acercaba a la frontera. “Haremos cumplir la ley, procesando a los que crucen la frontera ilegalmente”, añadió la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.
Llegar a la frontera y pedir asilo es legal; cruzar sin ser visto, no. El número de inmigrantes procesados por ello se ha disparado en marzo (el último mes con datos), según la Universidad de Syracuse. En lo que va de año fiscal (desde el 1 de octubre), se ha procesado a 35.787 personas, un 19,5% más que hace un año.