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Source: YURI CORTEZ / Getty

Albuquerque, la mayor ciudad de Nuevo México, con 600.000 habitantes (casi la mitad, hispanos), ha aprobado este lunes una norma para dificultar las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Una semana después de que un juez bloqueara el intento del Gobierno presidido por Donald Trump de congelar fondos federales a las ciudades, condados y estados que se negaran a colaborar con los servicios de inmigración, Albuquerque ha prohibido la entrada de estos agentes sin orden judicial a sus instalaciones municipales, incluyendo los centros de transporte de prisioneros.

Para “reforzar su status como ciudad amigable para los inmigrantes”, establece la norma, y facilitar que las personas que hayan sufrido un crimen lo reporten a la policía, las autoridades se comprometen a no preguntar ninguna información problemática (estatus migratorio, lugar de nacimiento, número de seguridad social, etcétera).

La norma recuerda que el 12% de los trabajadores de Nuevo México son inmigrantes, y que los indocumentados aportan más de 100 millones de dólares en impuestos al año. La población inmigrante en el país creció del 8% al 13% entre 1990 y 2013, mientras que la criminalidad cayó un 50% en ese periodo.

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