ONU denuncia desapariciones y torturas en Venezuela
Venezuela vuelve a estar en el centro del escrutinio internacional por graves violaciones a los derechos humanos. En los últimos informes presentados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), se denuncia el uso sistemático de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tratos crueles como herramientas para silenciar a la disidencia política y restringir el espacio cívico.
El informe, actualizado en junio de 2025, revela un patrón alarmante que afecta no solo a opositores políticos y defensores de derechos humanos dentro del país, sino que también genera un eco preocupante entre las comunidades venezolanas en el exterior, incluyendo a miles de migrantes latinos en EE. UU. que aún mantienen vínculos familiares y emocionales con su tierra natal.
Desde que el chavismo asumió el poder hace más de dos décadas, Venezuela ha sido objeto de diversas denuncias por la progresiva erosión de sus instituciones democráticas y el creciente autoritarismo del Estado. Sin embargo, lo expuesto en el informe más reciente de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, marca un punto de inflexión al documentar una política de represión sistemática que incluye la criminalización directa de la disidencia.
Durante la actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, presentada el 27 de junio de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk señaló que “entre 2024 y lo que va de 2025 un grupo de personas ha sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos”.
Además, un comunicado del ISHR alertó que desde inicios de 2024 más de 70 personas defensoras de derechos humanos han sido detenidas de forma arbitraria, muchas veces sin acceso a abogados, bajo cargos poco claros o fabricados.
Cifras alarmantes
Los números revelados en los informes internacionales dan cuenta de un patrón claro de represión:
- 70 personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente desde 2024.
- 58 activistas opositores arrestados recientemente, incluyendo miembros de organizaciones tradicionales de oposición.
- 10 periodistas detenidos bajo acusaciones graves, como terrorismo, por publicar reportes críticos contra el gobierno.
- Más del 50% de las ONG venezolanas reportan restricciones severas para operar, siendo muchas acosadas, intervenidas o forzadas al cierre.
- Detenciones prolongadas en aislamiento, sin contacto con familiares ni abogados, y con reportes creíbles de tratos crueles y tortura.
- Cierre progresivo del espacio cívico, con leyes que restringen la actividad de organizaciones no gubernamentales y penalizan la protesta pública.
Estas cifras no solo confirman la gravedad de la situación, sino que muestran que la persecución ha dejado de ser puntual para convertirse en parte de una estrategia sostenida desde el poder.
Testimonios y casos emblemáticos
Entre las personas detenidas figuran nombres reconocidos en el ámbito de la defensa de derechos y la crítica al régimen:
- Eduardo Torres, líder comunitario detenido tras documentar desalojos forzosos en zonas populares.
- Naomi Arnaudez, activista de género, fue aprehendida sin orden judicial en una redada a su ONG.
- Rocío San Miguel, abogada especializada en derechos humanos, desaparecida durante varios días tras su arresto.
- Javier Tarazona, quien había sido liberado en 2023, fue reencarcelado bajo nuevas acusaciones tras participar en foros internacionales.
- Kennedy Tejeda y Carlos Julio Rojas, periodistas independientes acusados de terrorismo por informar sobre movilizaciones pacíficas.
En muchos de estos casos, los detenidos fueron mantenidos incomunicados, sometidos a largos interrogatorios sin presencia legal y víctimas de amenazas o agresiones físicas.
Una fuente cercana al entorno de Rocío San Miguel relató en condición de anonimato: “Fue sacada de su casa en la madrugada sin explicación. No supimos de ella por casi 10 días. Su equipo legal no tuvo acceso a los expedientes ni a una audiencia pública”.
Restricciones al espacio cívico y a las ONG
El ISHR denunció que la mitad de las organizaciones no gubernamentales venezolanas ya no pueden trabajar con libertad. La aplicación de leyes restrictivas, combinadas con una narrativa estigmatizante desde altos funcionarios del gobierno, ha generado un clima de miedo que paraliza la labor de miles de activistas.
El informe subraya que “el cierre total del espacio cívico es inminente, amenazando la existencia de la mitad o más del sector de la sociedad civil”. Además, se advierte que las medidas impuestas por el régimen van en contra de las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas y reflejan “la falta de voluntad de las autoridades para acatar el derecho internacional”.
Muchos líderes sociales operan ahora desde la clandestinidad o han debido salir del país, lo que debilita aún más el tejido institucional y la capacidad de respuesta a las necesidades urgentes de la población venezolana.
Impacto en la comunidad latina en EE. UU.
La diáspora venezolana en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Miami, Houston, Nueva York e Indianápolis, sigue con preocupación las noticias desde su país de origen. Muchos tienen familiares directos entre los detenidos, o han trabajado con las ONG ahora perseguidas.
Para la comunidad latina en general, este contexto no es ajeno. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos representan un precedente preocupante que pone en riesgo la estabilidad regional, alimenta nuevas olas migratorias y fortalece los discursos antiinmigrantes que criminalizan a quienes huyen por razones políticas o humanitarias.
Además, activistas y comunicadores venezolanos en EE. UU. también han sido objeto de vigilancia o amenazas, por su participación en denuncias internacionales. Este tipo de intimidación transnacional refleja el alcance de los mecanismos represivos del régimen venezolano y la necesidad urgente de acciones coordinadas entre organismos multilaterales y gobiernos democráticos.
Lo documentado por la ONU y el ISHR constituye una de las acusaciones más graves contra el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años. No se trata de casos aislados, sino de una política sostenida que apunta a la neutralización de toda forma de disidencia.
Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y el cierre del espacio cívico representan violaciones directas a tratados internacionales suscritos por Venezuela, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.
El llamado de las organizaciones internacionales es claro: si no hay un cambio significativo en las políticas del Estado venezolano, se consolidará una dictadura donde la represión será la norma y la libertad la excepción.
Para la comunidad internacional, y particularmente para los latinos dentro y fuera de EE. UU., este es un momento clave para exigir respuestas, proteger a quienes defienden los derechos humanos y apoyar mecanismos de presión que ayuden a restaurar la democracia en Venezuela.
Ysabel Chópite
