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The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President

Source: Anna Moneymaker / Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que redefine la interpretación de la ciudadanía por nacimiento según la Enmienda 14 de la Constitución. Bajo esta nueva disposición, el Gobierno federal ya no reconocerá la ciudadanía automática a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres en situación migratoria irregular o temporal. La orden será efectiva 30 días después de este lunes, el 19 de febrero de 2025.

Esta establece que, a partir de su implementación, no se otorgará la ciudadanía por nacimiento a niños cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales en el momento de su nacimiento. Esto incluye casos en los que la madre se encuentre en el país de manera ilegal o bajo estatus migratorio temporal, como visas de trabajo, estudiante o turista. En consecuencia, estos niños no podrán obtener pasaportes estadounidenses ni acceder a beneficios sociales o laborales vinculados a la ciudadanía.

Según la Casa Blanca, la Enmienda 14 “nunca fue diseñada para extender la ciudadanía universalmente a todas las personas nacidas en suelo estadounidense”. En su interpretación, la cláusula “sujeta a su jurisdicción” excluye a aquellos nacidos de padres sin residencia permanente o ciudadanía.

El anuncio ha generado críticas inmediatas, especialmente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), que calificó la medida como “antiestadounidense e inconstitucional”. En un comunicado, el CHC señaló que esta orden ejecutiva representa un intento de erosionar 150 años de precedentes legales y un ataque directo a los principios fundamentales de la Constitución. Además, acusaron a Trump de usar esta acción como un truco político para avivar el sentimiento antiinmigrante.

“Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento no solo debilita nuestra Constitución, sino que también perjudica el crecimiento económico y la fortaleza de nuestra nación”, subrayó el CHC, reafirmando su compromiso de defender este derecho histórico.

A pesar de la orden ejecutiva, el primer obstáculo que Trump tendrá para poder implementar la derogación de este derecho es que es parte de la Constitución misma, bajo la Enmienda 14.